“¿Agregan valor los colegios de élite?” es el título de la columna de opinión de Liliana Morawietz, investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile (CIAE), en la cual analiza el proyecto de ley denominado “Machuca”, que busca que colegios privados reserven un 30% de su matrícula para alumnos de sectores vulnerables.
La iniciativa surge como respuesta a la ley de “Admisión Justa” presentada por el gobierno, cuyo objetivo es instalar nuevamente la selección por mérito de los estudiantes en liceos emblemáticos y proyectos educativos especiales, modificando la Ley de Inclusión que impulsó la administración de Michelle Bachelet.
Sin embargo, Morawietz señala que “al contrario de lo que parecen creer quienes proponen la Ley Machuca, no hay evidencia que permita pensar que la educación que ofrecen los colegios particulares pagados sea beneficiosa para los estudiantes de sectores desfavorecidos”.
Según la investigadora, no existe evidencia importante sobre el “valor agregado” que entrega el aprendizaje en los colegios privados, que se expresa en su desempeño en las pruebas estandarizadas como el Simce y la PSU.
“Lo poco que sabemos sobre sus procesos de enseñanza indica que estos colegios agregan poco al aporte de las familias y los hogares, pues reciben, vía selección, a estudiantes que traen altos capitales económicos, educacionales, sociales y culturales desde sus hogares”, dice.
Experiencia formativa
Por otro lado, añade que el aporte sustantivo de estos establecimientos privados se basan en la experiencia formativa transversal a partir de actividades sociales y socializadoras.
“Talleres extraprogramáticos, grupos scout, trabajos de verano, jornadas de servicio los sábados en la mañana, misiones, formación religiosa o viajes de estudio (a veces, a Europa), son espacios que van afirmando su pertenencia a tal o cual comunidad, les enseñan su lugar en la sociedad e imprimen modos de ser a sus estudiantes (esto es lo que Daniel Matamala llama en su columna ‘gentilicios’)”, señala.
Y agrega que “mediante estas experiencias, los estudiantes de colegios de élite aprenden a hablar en público, a comunicarse efectivamente, a trabajar en grupo, a liderar, a ser creativos y críticos, a imaginar escenarios alternativos, a priorizar y a organizarse: aquellas “competencias del siglo XXI”, que son cada vez más necesarias para desenvolverse en la sociedad y en el mundo del trabajo. Quizás sea el acceso a este tipo de experiencias lo que motiva a quienes proponen la Ley Machuca”.
Pero Liliana Morawietz sostiene que lo anterior no significa que alumnos de colegios públicos no reciban ni requieran formación transversal, ya que “la necesitan tanto como las habilidades básicas (aritmética y lectoescritura). Pero, para desarrollarlas efectivamente, deben propiciarse contextos que sean significativos para ellos, en que los docentes y otros educadores cuenten con formación que les permita fomentar su desarrollo integral y con recursos públicos puestos a disposición de estos esfuerzos (y no exclusivamente de los puntajes)”.
En ese sentido, destaca iniciativas que apoyan el desarrollo integral de estudiantes de la educación pública, pero que también requieren apoyo y financiamiento. Entre ellas, el Programa de Educación en Ciencias Basado en la Indagación, los esfuerzos de la Junaeb por incorporar comidas de los pueblos originarios y de países de los cuales recibimos migrantes, las aproximaciones al teatro, las orquestas juveniles, los paseos fuera de la escuela y las visitas de científicos y artistas”.
“La Ley Machuca no hará ningún aporte ni a nivel individual ni de sistema, en el sentido por el cual la sociedad chilena reclama: mejorar la calidad de la educación pública“, asevera.
De hecho, considera que lo que puede resultar de la iniciativa es que “el Estado transfiera recursos necesarios en el sector público para pagar por el uso de instalaciones privadas (como ocurre con las camas hospitalarias), algo que ya se anuncia en la versión de Evópoli de la ley. Y que los estudiantes ya no sean vulnerables, sino vulnerados: puestos al servicio de las clases altas para cumplir su cuota de diversidad o de actividades solidarias”.