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Estudio sobre migrantes y conflicto social: El 68% votaría por una nueva Constitución

“Inmigrantes y el conflicto social en Chile” es el nombre de la encuesta que recientemente publicó el Centro Nacional de Estudios Migratorios (Cenem) de la Universidad de Talca.

Conocer la percepción que tienen los extranjeros en Chile sobre el estallido social y el próximo proceso constituyente era el principal objetivo del estudio “Inmigrantes y el conflicto social en Chile”, que recientemente publicó el Centro Nacional de Estudios Migratorios (Cenem) de la Universidad de Talca.

La encuesta fue realizada entre diciembre y enero y consideró la opinión de migrantes que llevaran más de seis meses viviendo en Chile.

Entre los resultados se encuentra que, pese a la situación actual, el 53% de los consultados pretende permanecer en Chile. Además, un 68% no habría elegido el país para vivir si las movilizaciones hubiesen comenzado antes de que ellos llegaran.

Respecto a las manifestaciones, el 47% de los encuestados aseguró estar de acuerdo con el movimiento social, sin embargo un 73 % aseguró no participar. De quienes sí participaban, la  mayoría lo hacía asistiendo a marchas y haciendo cacerolazos.

Las demandas más relevantes para los migrantes encuestados coincidieron con las del resto del país. Entre las más relevantes se encuentran salud 87%, pensiones con un 46%, educación con 45% y pobreza con un 44%.

La encuesta también consideró preguntas en torno al proceso constituyente. En relación a ello, el 68% de los consultados votaría por una nueva Constitución si estuvieran habilitados para hacerlo. Quienes en mayor medida optarían por aquella opción son peruanos y colombianos, con un 76% y un 75 % de aprobación a la nueva carta fundamental.

 “En general ellos están de acuerdo con el cambio de Constitución, los que menos están de acuerdo son los venezolanos, pero eso tiene que ver con la experiencia de su propio país. Los demás grupos no ven un riesgo mayor en el hecho de cambiar la Constitución”, señaló Medardo Aguirre, director del Cenem.

El estudio es parte de un trabajo que durante los últimos años ha estado realizando el centro en torno a la migración. “Estamos focalizados en este tema dado que es muy relevante para el país y que lo continuará siendo. El tema migratorio es resultado principalmente de que en nuestra región hay países que todavía tienen muchos problemas sociales sin resolver”, añadió Aguirre.

Participación en el proceso constituyente

En las últimas semanas han surgido distintos debates en torno al rol que han tenido, y tendrán más adelante, las personas extranjeras residentes en Chile durante el proceso de plebiscito y una eventual nueva Constitución.

Si bien en una primera instancia el Servel había anunciado que extranjeros no podrían votar en el plebiscito, a fines de enero se rectificó esta información y se confirmó que 348.040 inmigrantes que cumplían con el requisito de residir más de cinco años en el país sí podrían participar del proceso.

Macarena Rodríguez, directora de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado se refirió a la participación que pueden tener los extranjeros en el proceso constituyente y advirtió que actualmente existe una norma que debe ser aclarada.

“Hay una norma en el reglamento de Extranjería que establece que quienes solicitan una visa para entrar a Chile deben firmar un compromiso de que no participarán en política interna”, señaló Rodríguez.

Respecto a lo anterior, la experta aseguró que “es importante tener claro que hay derechos fundamentales que tienen todas las personas, cualquiera sea su nacionalidad o condición, que son los derechos civiles y políticos. Estos no se refieren solo a votar o participar en cargos públicos, sino también el derecho a  reunirse pacíficamente, a la opinión, la libertad de expresión.

La experta aseguró que aquellos derechos están garantizados para todas las personas, sin importar su condición en el país o su nacionalidad. “Esta declaración que están obligados a firmar genera en muchos una inhibición a participar en el proceso que actualmente se está dando en el país. Sin embargo es una regla que está establecida en un reglamento, no en una ley, y que es contraria a los derechos fundamentales que están garantizados no solo en nuestra Constitución sino también en tratados internacionales que se encuentran vigentes”.

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